Queríamos compartir con vosotros los argumentos jurídicos que vemos que están convenciendo a los compradores y nos han ayudado a cerrar reservas y arras en estos días:
- Hay seguridad jurídica:
La inversión está totalmente asegurada desde el punto de vista jurídico, pase lo que pase:
- Si el estado español no reconoce la independencia, seguirá considerando que somos España y por tanto se nos aplica la ley Española.
- Si el Estado Español reconoce la independencia algún día, se aplicaría la “Ley de transitoriedad” que dice que en Cataluña Independiente se aplica la ley Española.
- El programa de Golden Visa seguirá existiendo:
En cuanto Golden Visa no hay problema: independientes o no, la legislación española seguirá vigente con las mismas garantías que existen actualmente.
A parte de la seguridad jurídica, hay un motivo económico muy importante para mantener el Golden Visa aunque fuéramos independientes. Cataluña es el gran ganador de la programa de Golden Visa hasta ahora: la mitad de todas las Golden Visas actuales en toda España, se han concedido por inversiones en Cataluña. Cataluña necesitará la inversión también en el futuro.
Si los inversores no confiasen en los argumentos arriba mencionados, en la última instancia les tranquiliza tener en mente, que siempre tendrán oportunidad de vender sus propiedades en Cataluña e invertir en otra zona de España.
- Seguirá existiendo libre movimiento de cosas y personas (Cataluña, independiente o no, formará parte del Schengen):
Pase lo que pase, no tenemos ninguna duda de que Cataluña seguirá formando parte del espacio Schengen porque sino se tendrían que cambiar las fronteras y Cataluña es una zona de paso (terrestre y marítimo) demasiado importante para el conjunto de la península ibérica y para el sur de Europa. También ha ganado fuerza como el "puerto sur" un "Hub Logístico" para productos asiáticos, pues logísticamente la puerta de Suez encuentra en Barcelona un camino más corto y directo al corazón de Europa que rodear toda la costa hasta Rotterdam o Hamburgo.
- Efecto marcha empresas es sólo cosmético:
La mayoría de las empresas que se van, o las de más peso, son empresas reguladas y los otros es por presión política. En cualquier caso el cambio de sede social e incluso fiscal no afecta apenas la economía de Cataluña, ¿por qué? Porque la actividad productiva y de prestación de servicios permanece en Cataluña, y los diferentes impuestos existentes de los que Cataluña recibe una parte son:
- IRPF. Aunque se cambie la sede social y fiscales, las oficinas y fábricas siguen en Cataluña por lo que sus trabajadores se quedan en Cataluña y el IRPF resultante de sus rentas sigue siendo en gran parte para Cataluña.
- IMPUESTO DE SOCIEDADES: en Impuesto que se queda el Estado Español siempre, independientemente de donde esté la sede social y fiscal en todo el territorio.
- IVA: el IVA es también siempre recaudado por el Estado pero repartido a las Comunidades en un 50%, su reparto, pero, no depende de donde esté la sede social y fiscal sino en función del consumo que ha generado, con lo que tampoco tiene impacto fiscal para Cataluña.
- IBI: entretanto sigan teniendo edificios y fábricas aquí, el pago del IBI no se ve afectado.
Añadir que mientras se comenta y explica la marcha de algunas empresas, la mayor parte de empresas extranjeras en España con sede en Catalunya no han anunciado cambio alguno. Además el ritmo de inversión i atracción de capital y proyectos extranjeros no se ha detenido.
- No se pierden los derechos adquiridos.
Pase lo que pase, no se pierden los derechos adquiridos: los planes del Gobierno de Cataluña están basadas en este principio. Todos los residentes en Cataluña independiente, podrán disfrutar como mínimo de los derechos que tenían en España.
El nivel de inversión extranjera (Inmobiliaria, productiva, financiera, etc.) en Cataluña es tan alta que, aunque los países de origen puedan tener ahora una actitud de silencio prudente, o de no aceptación de lo que pudiera suceder, nadie duda de que suceda lo que suceda esa inversión defenderá sus derechos adquiridos, sus países defenderán sus derechos adquiridos.
En la misma línea hay que recordar que los principales acreedores de la deuda pública catalana son países europeos, que querrán cobrar y podrán influenciar para preservar sus derechos y los de sus ciudadanos establecidos en Cataluña. No hay que olvidar que además querrán financiar el circulante de las instituciones públicas catalanas.
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